Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero"
Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero"

#AbrilAzul Conoce a los defensores del agua de Tlanixco

Recientemente, el prestigiado Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”, en su versión 2018 y categoría grupal, ha recaído en seis habitantes de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco, reconociendo su labor como defensores de derechos humanos. Estas seis personas indígenas fueron sentenciadas injustamente a 50 años de prisión por el homicidio calificado del empresario de origen español, Alejandro Isaak Basso y ya llevan separadas de su comunidad y de sus familias desde 12 hasta 15 años: Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, sentenciados el día 13 de junio del año 2006. En segundo momento, el 27 de noviembre del 2017, reciben sentencia: Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez.

Para ellos fueron impuestas penas máximas, a pesar de que en la acusación no se puede determinar el grado de participación de cada uno de los sentenciados, siendo por tanto imposible crear un nexo causal que relacione su conducta con el resultado material del hecho sancionado. En contraparte existen pruebas de que los testimonios inculpadores se realizan por testigos inducidos y que el juez en la sentencia recurre a argumentos racistas.

Sumado a esto, durante todo el proceso no se respetaron los derechos de los imputados, tomando en cuenta su calidad como personas indígenas, puesto que fueron juzgados desconociendo normas básicas del derecho internacional en lo que respecta al tema e invisibilizando su contexto histórico cultural, en donde los usos y costumbres son de gran importancia.

 

En este marco se puede reconocer un rasgo común a todos los inculpados: haber sido activos líderes en la defensa del derecho al agua en su comunidad, lo que nos lleva a creer que se trata de un grave caso de persecución política, donde se busca dar un castigo ejemplar intimidando a la comunidad y a los defensores de derechos humanos. A modo de ejemplo, y solo para dar cuenta de la gravedad en que se enmarca la práctica del Estado mexicano: Dominga González Martínez es acusada por la declaración que rindió uno los denunciantes, 3 años y medio luego de iniciada la investigación, quién ubica a “una señora morena y chaparrita” como una de las personas responsables de la muerte del empresario antes mencionado (el mismo testigo señala, en declaración posterior, que alguien de la Secretaria de Gobierno del Estado de México, le había mostrado una fotografía para que la recordara, con lo que claramente ésta fue inducida). Estos tres calificativos fueron suficientes para inculpar de un delito grave a una mujer adulta mayor, quién participaba activamente en su comunidad por la defensa de su derecho al agua.

Por tanto, y debido a que en el proceso hemos documentado otras numerosas inconsistencias, la carencia de credibilidad e imparcialidad tanto de los denunciantes como del poder judicial, así como señalamientos contradictorios, decidimos desde el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero emprender una campaña denominada #SentenciaRacista, la cual oficialmente iniciará en abril del presente año en el contexto de lo que hemos llamado el “Abril Azul”, mes durante el cual se realizarán diversas actividades de difusión y denuncia pública como foros en universidades y comunidades, actividades de volanteo, colocación de mantas y la participación en diversas acciones organizadas en conjunto a la sociedad civil.

Con base a las evidencias que se describirán en este documento, consideramos que sus encarcelamientos son una grave violación a los derechos humanos, generando un daño irreparable a los proyectos de vida de estas personas y una grave transgresión a la construcción de la justicia en el marco nacional y a la legitimidad de los tratados internacionales firmados por México en la materia.

Sin duda este caso constituye una forma de discriminación contra un grupo social e históricamente vulnerable en nuestro contexto, y sobre todo, para con aquellas personas indígenas que defienden su territorio y trabajan en pos de la construcción de una vida digna para su comunidad y las futuras generaciones de nuestro país.

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